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Deepak, 6 años, discapacitado: cobaya humana de las grandes farmacéuticas

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No hay nada palaciego en las condiciones del hospital Maharaja Yashwantrao, nombrado en honor del maharajá que gobernó la ciudad india de Indore a principios del siglo XIX. Pacientes y cucarachas comparten pasillos. Las paredes, enmohecidas y desconchadas, no han sido pintadas desde la inauguración del centro hace seis décadas. La suciedad se amontona en salas donde parte del equipamiento médico ha dejado de funcionar y campesinos llegados a pie desde aldeas lejanas esperan días a ser atendidos.

Pero Chandrakala Bai recibió un trato especial. La mujer, perteneciente a la casta de los dalits o intocables, la más baja de India, ingresó con dolores de pecho en la primavera de 2009, fue conducida a una «zona especial» con todas las comodidades e informada de que era su día de suerte. El hospital contaba con un nuevo fármaco extremadamente caro que podía ser suministrado a personas que vivían por debajo del umbral de la pobreza. Solo tenía que poner una cruz en un papel.

Un mes después de empezar a tomar la medicina experimental contra la arritmia cardiaca, desarrollada a base de tonapofylline por la multinacional estadounidense Biogen Idec, Chandrakala Bai murió de un ataque al corazón. Tenía 45 años y cuatro hijos. Uno de ellos, Anil Sodey, se ha levantado antes del alba y ha caminado media jornada hasta dar con el viejo edificio colonial que acoge los juzgados de Indore. «Mi madre no sabía leer ni escribir», dice Sodey, acompañado por el abogado que ha aceptado llevar el caso gratis. «Murió sin saber que estaba siendo parte de un experimento».

Miles de campesinos, miembros de las castas más bajas, analfabetos, menores e incluso discapacitados, están siendo reclutados en hospitales de India y sometidos a pruebas clínicas encargadas por las mayores multinacionales farmacéuticas del mundo. El Maharaja Yashwantrao, donde en los últimos siete años se han llevado a cabo ensayos en más de 3.000 pacientes, es uno entre las decenas de laboratorios donde los pacientes son utilizados como conejillos de indias.

Las multinacionales encuentran en India costes que reducen la inversión en un ensayo clínico a la mitad, regulaciones que rara vez se cumplen, 600.000 médicos mal pagados —y dispuestos a ganar un dinero extra— y un número interminable de potenciales pacientes que incluyen 40 millones de asmáticos, 34 millones de diabéticos y tres millones de enfermos de cáncer, la mayoría sin seguros médicos y dependientes del arcaico sistema público de salud.

EL MÉDICO

Indore, en el Estado de Madhya Pradesh, en el centro del país, añade un atractivo extra para las empresas que quieren ensayar sus medicinas con la esperanza de ponerlas en el mercado. La ciudad, de dos millones de habitantes, está rodeada de tribus y comunidades indígenas que ofrecen la diversidad que hace más valiosos los resultados. La mayoría son pacientes que no pueden costearse el tratamiento y reciben con satisfacción la propuesta de una asistencia gratuita.

El doctor Anand Rai trabajaba en el hospital Maharaja Yashwantrao cuando hace seis años empezó a advertir que algunos pacientes eran desviados a consultas alternativas, sometidos a tratamientos experimentales y desahuciados una vez habían dejado de ser útiles. «Cogen a los más desfavorecidos y en algunos casos les presentan formularios de consentimiento en inglés», dice Anand mostrando hojas que fueron firmadas con huellas dactilares por campesinos que no podían escribir su nombre. «Hablamos de pacientes que no leen la lengua local, mucho menos inglés».

El oftalmólogo, de 36 años, denunció lo que estaba ocurriendo a las autoridades de Indore, convencido de que se tomarían medidas. Fue despedido. Muchos de sus compañeros en el hospital estaban implicados, atraídos por las 80.000 rupias (1.000 euros) que las farmacéuticas pagan por cada enfermo reclutado, según documentos obtenidos por Crónica. Para el doctor Anand fue el comienzo de su ostracismo entre colegas que lo consideran «un traidor».

La vivienda de Anand está hoy tomada por pilas de fotografías, informes médicos y testimonios de víctimas. Padres que perdieron a bebés en ensayos de vacunas que nunca llegaron a aprobarse. Trabajadores que sufrieron parálisis y otras secuelas que han condenado a sus familias a la miseria. O los cerca de 300 discapacitados mentales enrolados en experimentos de Indore, incumpliendo la ley que exige que los pacientes estén capacitados para entender los riesgos que conllevan las pruebas a las que van a ser sometidos. Deepak Yadav está entre estos últimos. Tiene seis años y fue incluido en un estudio a pesar de sufrir discapacidades mentales y físicas que le impiden comunicarse o moverse por sí mismo.

EL PACIENTE

Sooraj y Reena Yadav viven en una habitación de 18 m2, sin ventanas o baño, frente al puesto de verduras que regentan en una barriada pobre de Indore. Hace dos años llevaron a su único hijo, aquejado de problemas estomacales, al servicio de urgencias del hospital público Chacha Nehru Bal Chikitsalaya. «Le temblaba todo el cuerpo, pero nos dijeron que tenían las medicinas que lo solucionarían y que no debíamos preocuparnos», recuerda su padre.

A pesar de que el estado de Deepak no mejoró, los doctores insistieron en mantener la medicación, presentándose cada poco tiempo en casa de los Yadav para realizar pruebas y extraer muestras de sangre. El niño siguió padeciendo dolores que le hacían retorcerse por las noches durante los siguientes cinco meses. En lugar de recibir los fármacos que podrían haberle aliviado, Deepak estaba siendo sometido al ensayo en niños de un medicamento contra la úlcera desarrollado por el gigante farmacéutico Johnson & Johnson. «Un día dejaron de venir y no hemos vuelto a saber de ellos», dice Sooraj de los médicos.

Entre 2005 y 2012 se llevaron a cabo 475 ensayos clínicos en la India, con la participación de 57.303 personas, según el Ministerio de Sanidad. 2.644 murieron durante las pruebas y 11.972 padecieron secuelas graves, pero el Gobierno atribuye la mayoría de los fallecimientos a un agravamiento de las enfermedades que ya padecían. Las autoridades sólo reconocen errores en 80 casos fatales —incluidos ensayos clínicos con los medicamentos Rivaroxaban (Bayer) y Aliskiren vs. Enalapril (Novartis)— y otros 506 casos de pacientes que «sufrieron efectos adversos».

El doctor Anand ha llevado a cabo análisis propios que contradicen a las autoridades y vinculan muchos más de los fallecimientos a las pruebas. «Los comités éticos que deciden el motivo de la muerte reciben dinero de las mismas empresas que deben regular, así que hacen todo lo posible por determinar causas ajenas a los ensayos», asegura el médico. Las sospechas se ven reforzadas por el hecho de que los doctores ocultan a los pacientes su participación y por la repetida falsificación de las causas de los fallecimientos.

Rajkumar Tiwari y su mujer, Sarita, perdieron a su bebé recién nacido a los pocos días de su nacimiento. Lo atribuyeron al infortunio hasta que su caso se hizo público durante un debate parlamentario en la asamblea de Madhya Pradesh, en 2010. Entonces todo empezó a encajar: el papel en blanco que firmaron en la consulta —y que después fue convertido en un formulario de consentimiento—, los fallecimientos de otros bebés tratados por el mismo médico, las evasivas a la hora de determinar qué había acabado con su vida a pesar de que había nacido sano.

«No tuvimos tiempo de ponerle nombre o de hacerle una fotografía», dice su madre. «Por las noches trato de imaginar cómo era, porque tengo miedo de que se me olvide».

El bebé de los Tiwari había recibido una vacuna experimental contra la polio, esta vez de una farmacéutica india. Cuando su informe médico empezó a ser investigado por las autoridades, los doctores implicados llamaron al padre pidiéndole que no hablara con la prensa y ofreciéndole dinero a cambio de su silencio. Tiwari recuerda haber permanecido callado unos segundos, preguntándose por qué el responsable de la muerte de su hijo hablaba de dinero sin llegar a disculparse. «Colgué el teléfono», asegura. «Quiero que devuelvan todo lo que ganaron con mi hijo y que se reparta entre los padres a los que robaron sus bebés».

LA MULTINACIONAL

Es difícil encontrar una gran compañía farmacéutica que no haya llevado a cabo ensayos irregulares en India. La mitad de las 20 multinacionales con más beneficios del sector, incluidas Pfizer, Merck, Novartis o Bayer, han realizado pruebas en la región de Indore. La mayoría de las medicinas terminan siendo descartadas por inefectivas o perjudiciales. Las que pasan el corte, rara vez se comercializan en los países en desarrollo donde fueron ensayadas.

Sólo 17 de las 475 medicinas experimentadas entre la población india desde 2005 pueden encontrarse hoy en sus farmacias. «Los países pobres se han convertido en un gran laboratorio de pruebas de productos destinados a Occidente», asegura Amar Jesani, fundador del Centro de Estudios Éticos y Derechos, en Mumbai.

Los pacientes que no son engañados se ven obligados a participar en los ensayos de todas formas, porque no pueden costearse los tratamientos existentes. Es lo que ocurrió con el Lapatinib, desarrollado por la multinacional británica GlaxoSmithKline contra el cáncer de pecho, según la Fundación Wemos. La mayoría de las 400.000 mujeres que lo padecen en India no tienen acceso a los últimos fármacos y su esperanza de vida es menor que la de las europeas o estadounidenses. «Su participación era prácticamente inevitable porque era el único tratamiento a su disposición», según un informe de la organización holandesa.

Las farmacéuticas aseguran que sus ensayos son esenciales para obtener los fármacos que después salvan millones de vidas. «Se hacen para determinar si un nuevo tratamiento es seguro y efectivo», asegura Novartis en su web. «Los estudios son posibles gracias a los voluntarios (sanos y enfermos) que aceptan participar y probar nuevas medicinas y vacunas». La base de esa política, compartida por el resto de multinacionales, es una voluntariedad que siempre se cumple en países desarrollados, pero no en India.

La mayoría de los pacientes entrevistados por Crónica desconocían que estaban siendo reclutados para ensayos, qué medicina estaban tomando o cuáles eran los riesgos. Tampoco sabían que tenían derecho a rechazar el tratamiento que se les ofrecía y exigir uno ordinario.

Dhananjay Srivastava, un transportista de 61 años, guarda la caja de medicinas de la empresa alemana Boehringer Ingelheim en la que aparece, sólo en inglés, la advertencia «ensayo clínico». Los médicos aseguraron a Srivastava tener un tratamiento definitivo para su asma.

Poco después de empezar a tomar las medicinas, sufrió una parálisis facial, sus problemas respiratorios se agravaron y terminó sin fuerzas suficientes para abandonar la cama. «Perdí mi trabajo porque no podía ponerme al volante», dice.

EL DINERO

Dhananjay Srivastava se encontró con un problema a la hora de reclamar. Aunque los ensayos habían sido llevados a pocos metros de su casa, en el hospital Maharaja Yashwantrao, la empresa que los había encargado estaba registrada a miles de kilómetros y no podía ser perseguida judicialmente. Las multinacionales han logrado evitar hasta ahora no ya procesos legales, sino tener que indemnizar a las víctimas como estipula la legislación local.

En los últimos siete años, 45 pacientes han sido compensados, ninguno de ellos en Indore. Bayer ha sido una de las más generosas. De los 138 indios que murieron durante los ensayos que condujo entre 2007 y 2010, la empresa ha admitido que cuatro lo hicieron a causa de los efectos de su medicamento Rivaroxaban. La corporación alemana ha indemnizado a cada una de las familias de los difuntos con 4.000 euros. Bayer obtuvo el año pasado las mayores ventas de su historia, 40.000 millones de euros, y ganancias operativas por valor de 4.000 millones. Las 10 mayores farmacéuticas del mundo facturaron casi 300.000 millones en 2012, según su propia contabilidad.

El doctor Anand, consciente de que las víctimas se encuentran ante una batalla desigual, las ha unido bajo la asociación Swasth Samarpan. Juntas se han presentado cuatro veces ante la Corte Suprema de India en Delhi, obteniendo su primera victoria el pasado mes de enero cuando los jueces les reconocieron como «cobayas humanas».

Caso a caso, juzgado a juzgado, los damnificados han empezado a desafiar a las autoridades sanitarias, a las grandes multinacionales y a los médicos que trabajan para ellas, forzando la aplicación de nuevas medidas para prevenir los abusos. Los pacientes de Mumbai, por ejemplo, tendrán que consentir su participación delante de una cámara de vídeo, evitando engaños a enfermos analfabetos.

Regulaciones como la de Mumbai llegan tarde para Chandrakala Bai, fallecida de un ataque al corazón. Tras horas de espera, Anil Sodey ha sido llamado en el arranque del juicio en el que acusa a 12 doctores de haber experimentado con su madre. «Creen que la vida de una campesina vale menos que la suya», dice Sodey. «Le debo a mi madre demostrar que no es así».

Artículo de David Jiménez publicado en el suplemento Crónica de El Mundo.

 

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